Editorial

Han pasado más de 3 años desde que la administración pública de Cataluña por medio de la Conselleria de Salut, instó a todo un grupo de profesionales a que dejasen parte de su tiempo dedicado a sus consultas, como el dedicado a sus quehaceres particulares, para regalar un número incalculable de horas al proceso de regulación de las terapias naturales.

Quizá el propio objetivo del Gobierno de Cataluña se inflamó desde un buen principio al pensar que serían los primeros en regular un sector tan complejo y variado como el de las terapias naturales. Por si no era suficiente la dificultad del proyecto en sí, los propios cargos políticos rehusaron realizar un trabajo de campo previo para conocer en profundidad la situación de otros países, o ver cómo había solucionado procesos similares.

Después de muchos meses de trabajo y cuestionables resultados, según proclamó más de un responsable político, el sector falló. Lamentablemente el pronóstico no era difícil de predecir, unos por el interés en profesionalizar todos los aspectos relativos al campo de las terapias naturales (formación, consultas, profesionales, etc.) dejaron las esperanzas en manos de una autonomía que en ciertos momentos y en ausencia de la suficiente competencia para llevar a cabo un proceso de tal magnitud, se amparó en vacios legales para avanzar un proyecto que desde el gobierno central vigilaba con preocupación. Otros por miedo a que una nueva situación regulada terminara con las amplias y cuestionables libertades con las que mantienen sus negocios, bloquearon todos los intentos de consenso para unir esfuerzos. Según los mandatarios del propio departamento de salud, que como curiosidad tan sólo permanece en su cargo la propia Consellera de Salud Marina Geli, el sector presentó una quiebra interna que otros colectivos en contra tomaron como una oportunidad para bloquearlo.

Para evitar que la sensación de pérdida de tiempo incremente a medida que los objetivos iniciales siguen inalcanzables, resaltemos a modo de crítica lo que se ha podido aprender:

Iniciar un proyecto como el que se intentó llevar a cabo, desde el propio sector y sin solicitar ayuda externa y experta en procesos similares, es dejar que la propia inercia devore al propio colectivo: existen demasiados intereses y conflictos internos, para pensar que de forma espontánea cambien las tendencias costumbristas.

Contar sólo con la voluntariedad de más de 200 personas relacionadas con el colectivo, no deja de ser un reflejo de la ausencia de profesionalidad con la que se estructuró el proyecto.

A consecuencia de la propia voluntariedad, ha sido imposible exigir responsabilidades o cualquier otra obligación a las personas que dedicaban su tiempo. En consecuencia, se debía tomar en cuenta “cualquier” opción (no opiniones) presentada dentro de los grupos de trabajo. Evidentemente y ante las numerosas “opciones” presentadas de forma consecutiva y en especial cuando los intereses eran totalmente divergentes, la administración era nula para pronunciarse a favor o en contra de una de ellas.

La Conselleria de Salut presentó un fallo de coherencia cuando surgieron los primeros inconvenientes con otros colectivos profesionales. Además es inadmisible presentar una regulación como si se tratase de una guerra en contra de otros. Con ello consiguieron que “los voluntariados” pensaran que la administración estaba incondicionalmente a su favor, siendo su refugio ante adversidades venideras. De este modo, se produjo una excesiva permisividad ante los pactos que las autoridades políticas realizaron con otros colectivos o sectores.

Si la Conselleria de Salut temió que durante el proceso de regulación se entraría en un conflicto abierto y difícil de resolver, ¿cómo se preparó para iniciar este proyecto?

Una vez más desde Digitalis abrimos la reflexión y discusión sobre este tema a través de cartaslectores@e-digitalis.com

Jordi Vinadé
Editor de Digitalis